La factura electrónica obligatoria es una de las medidas adoptadas dentro del marco de la Ley de Impulso y Desarrollo, una normativa que fue promulgada en septiembre de 2022 y que, entre otras cosas, impulsa la digitalización de las operaciones entre empresas.

Asimismo, instó al legislador a elaborar reglamentariamente los requisitos técnicos y de información que deben incluirse en la factura electrónica, pero considerando los estándares globales actuales para facilitar el cumplimiento y la adaptación de las empresas que ya utilizan facturas electrónicas estructuradas.

Como resultado de esta instrucción, el pasado 15 de junio se publicó el borrador del proyecto de Real Decreto para el desarrollo de la Ley 18/2022 de fomento y desarrollo de empresas (Ley de Impulso y Desarrollo) en lo que respecta a la factura electrónica entre empresas y expertos.

Una vez aprobado este marco normativo, que ya está en proceso y que aún podría sufrir ajustes, comenzará el periodo para que empresarios y profesionales de toda España se adapten al nuevo sistema de emisión de facturas.

El propósito principal de la factura electrónica obligatoria es reducir la morosidad, una de las principales causas de problemas de liquidez y rentabilidad para muchas empresas, especialmente en el ámbito de las pymes. Por lo tanto, el formato digital proporciona una mayor trazabilidad y control de los pagos entre empresarios y expertos.

En este sentido, el futuro reglamento permitirá a la Agencia Tributaria recopilar “información estadística de las facturas electrónicas enviadas al sistema público de facturación electrónica”, así como “supervisar el cumplimiento de la normativa sobre morosidad comercial”.

Esta información se enviará, “como mínimo, al Observatorio Estatal de la Morosidad Privada”. Es importante recordar que el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada publica anualmente una lista de empresas que han incumplido los plazos de pago.